Las personas que se acercan al lugar en que dos edificios se desplomaron, este viernes en Río de Janeiro, para buscar información sobre sus familiares pueden decir en qué apartamento vivían, pero poco saben sobre las «milicias» que los construyeron y los vendieron ilegalmente.
Las familias que residían en las dos edificaciones de cuatro pisos, entre las cuales los cinco muertos registrados hasta el momento y más de una veintena entre heridos y desaparecidos, las ocuparon este año pese a que en noviembre pasado la Alcaldía de esta ciudad brasileña embargó las obras y prohibió su uso.
Como los fiscales, por las amenazas, no ingresan a las áreas controladas por las milicias -grupos paramilitares integrados por policías y ex policías-, nadie detuvo las obras ni impidió que los compradores de los apartamentos los ocuparan.
Los edificios fueron construidos en un área de reserva ambiental, a la sombra de un empinado morro y junto a un precipicio, por lo que la Alcaldía había advertido sobre el alto riesgo de deslizamientos en el barrio conocido como Muzema.
Esta comunidad, con edificaciones de clase media-baja y numerosos comercios, es vecina a Río das Pedras, la favela de la zona oeste de la ciudad en la que nacieron y son más fuertes las milicias.
Muzema era controlada por un grupo de milicianos liderado por el mayor de la Policía Ronald Paulo Alves Pereira, arrestado en febrero pasado en una operación contra los grupos paramilitares.
La construcción de viviendas en áreas invadidas, generalmente reservas ambientales, y la especulación inmobiliaria se ha convertido en una de las principales fuentes de renta de estos grupos armados, que también cobran por ofrecerle «seguridad» a sus vecinos y tienen el monopolio en la venta de pipetas de gas de cocina y del servicio clandestino de televisión.
La Alcaldía alertó que desde 2005 las cerca de 30 edificaciones del condominio Figueras, en el que se produjo la tragedia, están en condición irregular y que ya había iniciado procesos para su demolición.
Además de las dos construcciones que se desplomaron este viernes, hay en el mismo conjunto habitacional otras cinco que fueron evacuadas por tiempo indeterminado.
Pese a que ninguna autoridad dice que los edificios fueron construidos por las milicias, los pocos vecinos que aceptan hablar, con la condición de no ser identificados, admiten que sabían de las irregularidades.
«Por los precios y la falta de documentación sabía que no era un apartamento legal, pero se trataba de una buena oportunidad y yo quería darle una mejor vida a mi familia y retirarla de la favela en la que vivíamos», explicó el propietario de un inmueble en un condominio ubicado a dos calles del lugar de la tragedia.
Los apartamentos ilegales son ofrecidos hasta en internet, en donde es posible verificar que una vivienda con dos cuartos en el condominio tiene un costo de 25.000 reales (unos 6.580 dólares), un valor muy por debajo del mercado.
«Las construcciones parecen sólidas y cuentan con diferentes servicios, algunas hasta tienen piscina, por lo que nunca sospeché que pudiera correr peligro», agregó una persona.
La oferta de vivienda por parte de milicianos es una solución para numerosas personas que viven de alquiler, quieren abandonar favelas peligrosas dominadas por narcotraficantes, no quieren irse a los suburbios y no pueden pagar los elevados precios del mercado.
Según estadísticas oficiales, el déficit de vivienda de Brasil es de cerca de 6,35 millones de inmuebles, en su mayoría (87,7 %) concentrado en las grandes ciudades.
«La invasión de tierras y la construcción ilegal en áreas de milicias siempre contó con la complicidad de autoridades, pese a que provoca tragedia para los habitantes de regiones pobres», denunció este viernes el diputado Marcelo Freixo, que lideró una comisión legislativa que investigó las milicias en 2008.
El combate a los grupos de paramilitares tras la tragedia anunciada de este viernes fue defendido hasta por el vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourao.
«Hay que buscar una forma de actuación coordinada entre las diferentes fuerzas policiales para que el Estado desempeñe su papel y se haga presente en esas áreas», dijo.
«Es inadmisible que existan lugares a los que no pueden entrar los organismos públicos», agregó.
El mayor de Policía que comandaba la milicia en el barrio de Muzema también es acusado de integrar la «Oficina del Crimen», una agrupación de milicianos a la que se le atribuye el asesinato el año pasado de la concejala y defensora de derechos humanos Marielle Franco, que se destacó por su firme actuación contra los abusos policiales y los paramilitares.
