La flamante comisión presidencial a la que Claudia Sheinbaum Pardo encargó la tarea de elaborar una iniciativa de reforma electoral, solo existe en el papel, pero ya desató un debate polarizado. La oposición y los detractores de la llamada Cuarta Transformación advierten sobre los riesgos de que la comisión, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, termine de eliminar los contrapesos del gobierno, como el Instituto Nacional Electoral (INE), y de consolidar a Morena nuevo partido hegemónico, en línea con las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El oficialismo, en contraste, niega tener veleidades autoritarias, y afirma que busca crear un sistema con una mejor representación popular; sostiene que todos los actores sociales están invitados a participar en los foros para diseñar la reforma, y asegura que la comisión no partirá de la polémica iniciativa de reforma enviada por López Obrador en febrero de 2024, en el marco del llamado “Plan C”.
En medio de estas dos posturas quedan observadores y expertos electorales; en entrevistas por separado con Proceso, cuatro de ellos ven con cierta preocupación la conformación de la comisión–cuyos siete integrantes vienen del Poder Ejecutivo y del oficialismo–, pero no descartan la promesa de la mandataria de que todas las voces serán escuchadas. Señalan que cualquier reforma tendrá que pasar por el Congreso, cuyos líderes, de Morena, no están alineados con Claudia Sheinbaum y su grupo.
Adán y Monreal, fuera
Según el exconsejero electoral Alfredo Figueroa Fernández, Claudia Sheinbaum no necesitaba crear una comisión presidencial para imponer una reforma que refuerce el poder hegemónico de Morena, pues el partido ya controla a las dos terceras partes del Congreso: según el analista, la maniobra de Sheinbaum responde a una pugna al interior del partido fundado por López Obrador.
“Los operadores del oficialismo en materia electoral se encontraban sobre todo en la Cámara de Diputados, con la figura del diputado Sergio Gutiérrez Luna”, analiza Figueroa, quien tuvo un asiento en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2008 y 2013. La nueva comisión opera un “desplazamiento político respecto a la interlocución que el Ejecutivo tendría con el INE y con el Tribunal Electoral”, según Figueroa, con lo que deja fuera de la discusión a “los actores del Poder Legislativo, y de manera particular Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila”.
“Se me hace que la comisión está creada para resolver la disputa al interior de Morena y de sus aliados”, abunda Figueroa, y agrega: “creo que no han terminado de procesar con reglas e institucionalidad la pregunta de cómo resolver las disputas y las diferencias entre los distintos grupos al interior de Morena, de los que se amalgamaron detrás de López Obrador”.
“El enigma es si la presidenta de la República va a tomar decisiones respecto de este movimiento, ahora como su lideresa real”, insiste.
Participación o simulación
En el preámbulo del decreto que oficializa la creación de la comisión presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de agosto, Sheinbaum denuncia la “conservación inercial” de las “normas que rigen las consultas populares”, los “sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados”, los “métodos de votación y de procesamiento de los resultados”, así como del “régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales”. En otras palabras: no define de manera clara un rumbo de la reforma.
De acuerdo con el decreto, la comisión tendrá la misión de “emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público”, con tal de “elaborar propuestas sobre la reforma electoral”, y para ello “podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”.
Según Víctor Díaz de León, analista en la organización Laboratorio Electoral, existen dos escenarios en torno a la reforma electoral. El primero es que la comisión sí elaborará su iniciativa con base en las propuestas que surjan en los foros y debates públicos; el segundo es que “todo el proceso será una simulación porque ya existe una iniciativa”. Y esta iniciativa sería la que López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas constitucionales conocido como Plan C.
La iniciativa del tabasqueño planteaba eliminar el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), y sustituirlos por un nuevo organismo único, cuyos integrantes –reducidos de 12 a 9– serían elegidos por voto popular; también contemplaba eliminar las plurinominales a nivel federal –es decir, 200 diputaciones federales y 64 senadurías– y reducir el número de diputados locales y de regidurías y recortar a la mitad los recursos públicos atribuidos a los partidos políticos.
“Entre las propuestas del expresidente López Obrador destacaba la intención de acabar con las plurinominales. De haberse concretado, tendríamos hoy una sobrerrepresentación de la mayoría y una jibarización de las minorías”, asegura el exconsejero electoral José Woldenberg Karakowsky, quien forma parte del grupo de 22 exconsejeros electorales que exigieron que la reforma electoral venidera sea “fruto del más amplio consenso”.
La reforma de López Obrador, agrega, “acababa con el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, lo cual sería un golpe terrible a los partidos de oposición, porque los que están en el gobierno seguramente encontrarían recursos por otra vía”.
“Temo que la reforma electoral no sea más que un eslabón más del proceso a través del cual este gobierno y el anterior están destruyendo una germinal democracia para construir un régimen autoritario e hiperpresidencialista, donde el presidente concentra prácticamente todas las facultades y subordina o desaparece a los otros poderes constitucionales”, comenta a Proceso.
“No me hablen de regresiones”
El pasado 7 de agosto, Pablo Gómez aseveró que la comisión no está partiendo de la iniciativa de López Obrador para elaborar su la iniciativa. “No existe un proyecto elaborado en este momento”, insistió en varias ocasiones el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante una visita al programa que Morena difunde en Youtube, llamado “Moreniza”, conducido por la presidenta nacional del partido, María Luisa Alcalde Luján.
“Creo que todo mundo debería –es consejo, no es ninguna obligación—participar en el debate. En lugar de decir ‘hay peligro de regresión autoritaria’… a ver cálmense, ¿Qué proponen? No me hablen de regresiones, háblenme de progresiones, que es lo que queremos oír. No inventar cosas que no están en la mesa”, dijo el encargado de redactar la iniciativa.
Durante la hora que duró el programa, Pablo Gómez recalcó que México “cambió mucho” desde la llegada de López Obrador y de su “fuerza mayoritaria” al poder, y vislumbró algunos de sus puntos de vista respecto al tema electoral: según el militante histórico de las izquierdas, se trata de diseñar un “sistema de representación popular” más cercano a la gente y no alineado con los intereses de los líderes de los partidos.
