Aunque no está autorizado el incremento a la tarifa del transporte público, los concesionarios no serán sancionados, aseguró el subsecretario del transporte Público, José Lara Valdez.
Explicó que subir la tarifa sin autorización amerita una sanción económica de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale a $108.57, por tanto la multa sería de $21,714, así como el retiro de la unidad.
Reconoció qué no habría represalias contra los consecionarios pues tienen un acuerdo de continuar con las negociaciones, hasta que el gobernador Américo Villarreal Anaya revise el estudio previo qué se realizó y autorice un monto al incremento.
«Mientras termine mi diálogo con ellos que debe de durar unas 48 horas de allí tenemos que determinarlo esperemos salir antes con una solución para los concesionarios», señaló.
A los usuarios les pidió que no paguen el incremento si no lo desean.
«No deben de pagar, ellos lo están manejando como un estudio para ver si la gente lo acepta, pero el que va determinar si hay aumento es la autoridad de acuerdo a lo que arroje el estudio», comentó.
Comentó que el usuario espera una modernización así como una mayor frecuencia de las rutas.