Francisco Garduño, quien fuera titular de Instituto Nacional de Migración hasta abril, protagonizará el viernes un acto de disculpa pública por el incendio de un centro de detención migratoria en 2023 en el que murieron 40 personas y una treintena resultaron heridas, lo que llevó a su procesamiento por ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones.
El acto forma parte de lo que le exigió un juez en enero, cuando suspendió temporalmente su proceso y le dio un plazo de un año y medio para que el juicio pudiera cerrarse definitivamente si Garduño realizaba una serie de acciones. En paralelo, varios de sus subordinados están procesados por homicidio y lesiones.
Los abogados de las víctimas temen que la suspensión del juicio de Garduño pueda ser la antesala de la impunidad y exigen que el juicio siga hasta las últimas consecuencias sin beneficios procesales que consideran “injustificados”.
«La disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco G. Y., debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan», se lee en un comunicado conjunto emitido por las ONG que brindan su apoyo a las víctimas.
Sin embargo, se accedió a la disculpa pública porque será la primera vez que migrantes supervivientes y familiares de los fallecidos, la mayoría venezolanos y centroamericanos, estén cara a cara frente al exfuncionario.
“Para las familias es muy importante porque nunca ha habido un acercamiento”, dijo a The Associated Press Marcos Zavala, abogado de la Fundación para Justicia, una de las organizaciones que los acompaña.
Garduño tiene que aceptar que se cometieron delitos y violaciones a los derechos humanos, pero «no es un perdón sentido como se esperaría», explicó. «Para ellos (Garduño y su defensa) es un trámite legal, su lógica es que él quede absuelto».
El viernes “no termina nada”, subrayó Zavala, porque la suspensión del proceso está impugnada y hay otros seis juicios abiertos por el incendio de Ciudad Juárez, el incidente más letal en un centro migratorio de México.
El 27 de marzo de 2023, unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y apenas agua en el centro de detención migratoria de esa localidad fronteriza con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.
Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas.
Garduño fue agente de prisiones y asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración a mediados de 2019 para llevar a cabo la política de contención migratoria exigida por la primera administración de Donald Trump al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y evitar los aranceles a México.
Pese al proceso en su contra y las exigencias de las víctimas, permaneció en su cargo con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum para gestionar los temas migratorios en los primeros meses del segundo gobierno de Trump. Siempre dijo estar dispuesto a reparar a las víctimas. Su relevo llegó en mayo.
«Se debe garantizar la no repetición de hechos como este mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Es también indispensable que el Estado mexicano asuma un compromiso claro para ofrecer medidas de reparación adecuadas y dignas para las víctimas y sus familias, más allá de actos que generen impunidad y perpetúen la injusticia», se lee en el comunicado conjunto entre las ONG que apoyan a las víctimas. En el mismo, también se lee:
«Las compensaciones económicas entregadas hasta la fecha han sido erogadas por el INM, es decir, con dinero público». El Instituto Nacional de Migración no estará presente en el acto.
Además de las disculpas públicas, el exjefe migratorio deberá tomar cursos en derechos humanos, pero el juez rechazó la solicitud de la acusación para que prestara algún servicio social sin remuneración y se le inhabilitara para el servicio público.
Además de Garduño, otro exdirectivo del instituto —ahora prófugo— está acusado de los mismos delitos. Seis agentes migratorios, entre ellos un militar y un guardia de seguridad privada, y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego están acusados de homicidio y lesiones. La mayoría de los funcionarios siguen su proceso en libertad.
El trato del instituto a los migrantes que cruzan México ha sido denunciado en numerosas ocasiones desde hace años y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, ha reconocido en varias ocasiones violaciones graves provocadas por miembros de esta entidad.
También lo hizo en el caso del incendio de Ciudad Juárez, lo que conllevó apoyos para algunas víctimas, cambios en los centros de detención y el cierre de algunas instalaciones. Sin embargo, reiteran las ONG en defensa de las víctimas, «mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y continuará marcando la vergüenza colectiva de la indiferencia estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor».
