Ciudad Victoria, Tamaulipas — En medio de los crecientes cuestionamientos a la transparencia en el manejo de recursos públicos, surge un nombre con fuerza en los pasillos del poder estatal: Alberto Enríquez Núñez, actual de giras del Gobierno de Tamaulipas, señalado por operar una red paralela de poder, contratos irregulares y presunto tráfico de influencias dentro de la administración.
De acuerdo con diversas fuentes cercanas al círculo gubernamental, Enríquez Núñez no sólo coordina la agenda del gobernador, sino que funge como un filtro clave para acceder a él, su posición, aunque administrativa en apariencia, ha evolucionado hacia un control político que incluye la organización de eventos, distribución de recursos logísticos y, según se denuncia, la asignación de contratos millonarios a empresas con nexos personales y opacos.
Las mismas fuentes apuntan que Enríquez fue un operador clave durante la campaña del actual gobierno. Su cercanía con Norberto Barrón Barragán jefe de la Oficina del Gobernador, se habría gestado desde entonces, con el ahora director de giras fungiendo como chofer, enlace financiero y coordinador de personal durante la etapa proselitista. Esta relación le habría garantizado su actual cargo y un poder de decisión que trasciende su función oficial.
Uno de los temas que ha encendido alertas es el presunto uso de empresas fantasma y prestanombres para contratar servicios relacionados con los eventos oficiales del Ejecutivo, Enríquez, afirman testimonios internos, se autobeneficia mediante la triangulación de recursos destinados a logística, banquetes, templetes y otros insumos, repartiéndose los beneficios con altos mandos de la administración.
Además, se le atribuye el manejo discrecional de una flotilla de más de 30 vehículos de lujo, presuntamente propiedad de Barrón Barragán y no registrados oficialmente, así como la inclusión de un grupo de jóvenes colaboradores con funciones ambiguas pero con acceso privilegiado a recursos, viáticos y hospedajes.
Esta situación ha generado inquietud sobre la naturaleza y transparencia de dichas contrataciones.
También ha llamado la atención el crecimiento inusual de contratos estatales otorgados a familiares cercanos de Enríquez Núñez. En particular, su madre ha sido beneficiada con contratos millonarios de seguros en diversas dependencias del gobierno, universidades y municipios, situación que ha sido señalada como ejemplo de posible conflicto de interés.
Frente a estos señalamientos, surgen preguntas legítimas sobre la falta de fiscalización, la opacidad en los procesos de contratación y la concentración del poder en manos de operadores sin cargos de elección ni supervisión pública.
Hasta el momento, no se han emitido respuestas oficiales por parte del Gobierno estatal, ni se ha informado de auditorías abiertas sobre los contratos vinculados a la Dirección de Giras o las empresas involucradas.
Mientras tanto, el caso de Alberto Enríquez Núñez comienza a perfilarse como uno de los escándalos de presunta corrupción más delicados de la actual administración, marcando una nueva etapa de exigencia ciudadana por la rendición de cuentas en Tamaulipas.
