Tras el carpetazo del Instituto Nacional Electoral al expediente de Pio López Obrador, consejeros del INE advirtieron un bloqueo de información a ese instituto desde instancias de gobierno para resolver ese caso.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y responsable de la indagatoria electoral, dijo que la Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, y solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.
Señaló que no hubo respuesta del rastro de dinero que el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió del ex coordinador nacional de Protección Civil, David León.
“Sin embargo, de nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, detalló.
En el mismo sentido, la consejera Dania Ravel, expuso que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) entregó el expediente de su averiguación previa, donde determinó el ejercicio de la acción penal, y acompañó la documentación de un peritaje que desvirtuaba los videos difundidos en 2020 por Latinus.
“De las pocas autoridades que sí nos respondieron fue la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, en donde nos dio el expediente en el que determinó el no ejercicio de la acción penal y dentro de este no ejercicio de la acción penal, a través de peritajes, lo que hacen es desvirtuar la autenticidad de estos videos desde la perspectiva de que pudieron haber sido alterados, mencionando que presentan cortes, que hay partes del audio que son inentendibles que no se puede garantizar que efectivamente no haya sido manipulado”, refirió.
Aún más, el consejero Jaime Rivera recordó que la Fisel “se resistió a informar al INE de sus investigaciones”, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a esa fiscalía proporcionar al INE la información y documentación de las carpetas de investigación respectivas, algo que ocurrió el 15 de septiembre de 2022.
“La fiscalía remitió a este Instituto copias certificadas de la carpeta de investigación, aunque en ellas no había información que aclarase el origen ni el destino del dinero”, dijo.
Indicó que ante tal conclusión de una autoridad especializada, el INE no contó con elementos para aceptar el procedimiento especial sancionador contra Pío López Obrador, David León y Morena.
“Dada la conclusión de la Fiscalía y las limitaciones de investigación por parte del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto no pudo llegar a conclusiones diferentes. (…) Hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. El caso que nos ocupa ahora es uno de ellos”, remató.
El INE dio vista al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, debido a la negativa a entregar información por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
