El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, autorizó el uso de tropas de la Guardia Nacional de dicha entidad a otros estados, como Oregón o Illinois, a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En una serie de publicaciones en la plataforma X, en la noche del domingo, el político ultraconservador indicó que autorizaba al Gobierno federal a disponer de “hasta 400 efectivos” de la Guardia Nacional de Texas para “dar protección a los agentes federales”.
En la última semana, la Administración de Trump ha enviado a cientos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a Chicago (Illinois), donde han llevado a cabo redadas en lugares de trabajo y viviendas, en donde fueron detenidos tanto migrantes -con y sin documentos legales – como a ciudadanos estadounidenses.
Aún no está claro, sin embargo, si el despliegue de la Guardia Nacional de Texas a otros estados será efectivo porque, a última hora el domingo, un juez federal emitió un fallo prohibiendo temporalmente el envío de tropas a Oregón.
El Pentágono también ejerció presión y pidió en un memorando al Gobierno de Texas que “coordinara” el envío de efectivos a Chicago con el objetivo de “proteger a los agentes de ICE y a otros miembros del personal federal” en “sitios donde han tenido lugar o ocurrirán protestas violentas”.
Como parte de sus políticas anti-migración, Trump ha amenazado con desplegar a militares en varias ciudades y regiones gobernadas por la oposición, acusándolas de estar “protegiendo” a migrantes indocumentados.
Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, como expertos legales, han sonado las alarmas sobre el uso de tropas en suelo estadounidense, acusando al mandatario de “abuso de poder”.
El Gobierno ya se enfrentó a una demanda por su decisión de enviar tropas —incluidos marines— a California durante el punto álgido de las protestas contra su política migratoria en junio.
En un fallo, el juez Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial nacional liderada por el presidente”.
El fallo estableció que el Gobierno violó el Posse Comitatus Act, una ley que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública, salvo en casos concretos.
La principal excepción es la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares a otros estados si los gobiernos locales lo solicitan o si resulta necesario para “hacer cumplir” la ley federal o sofocar una rebelión. El Gobierno, hasta ahora, no ha invocado esta ley.
