Ante la imposición de un arancel del 17.09% a las exportaciones mexicanas de jitomate por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de México y las principales organizaciones de productores nacionales cerraron filas para defender la competitividad del campo mexicano y la estabilidad del comercio agroalimentario regional.
El nuevo gravamen fue aplicado tras la decisión del presidente Donald Trump de reactivar un fallo del Departamento de Comercio de 1996, impulsado por el grupo de presión Florida Tomato Exchange (FTE), que alegó prácticas de dumping en la venta del vegetal rojo mexicano en EEUU.
La medida pone fin al llamado Acuerdo de Suspensión del Tomate, renovado durante casi tres décadas, y cuya finalidad era evitar sanciones arancelarias a cambio de que México estableciera un precio mínimo para la venta del producto.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) calificó el arancel como unilateral, injustificado y perjudicial tanto para los productores mexicanos como para el mercado estadounidense.
El titular de la dependencia, Julio Berdegué, anunció que junto con la Secretaría de Economía (SE) y asociaciones agrícolas, se ha acordado un plan de acción integral para enfrentar el desafío.
“Vamos a superar el desafío impuesto unilateralmente por EUA. Hoy acordamos un plan de acción integral”, escribió en redes el funcionario federal, tras reunirse con líderes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la AMHPAC, la CAADES y otras organizaciones productoras de jitomate.
