A partir de hoy, a la Cámara de Diputados le quedan 15 días para tratar de sacar adelante el llamado plan C del Presidente de la República, contenido en las 20 reformas que envió el 5 de febrero.
Son propuestas que buscan modificar los tres poderes de la Unión al reducir el Congreso, cambiar la forma de integrar el Poder Judicial y eliminar los organismos autónomos que son contrapeso del Ejecutivo federal.
Pero 70 días después de la presentación de esas iniciativas ninguna cuenta con un dictamen listo para ser aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y, posteriormente, en la gran asamblea de San Lázaro.
Tampoco parece haber futuro para los temas que los diputados se habían propuesto resolver: una Ley de Ciberseguridad; la regulación secundaria del derecho al acceso al agua, pendiente desde hace una década y la urgente penalización a nivel federal de la extorsión y el cobro de piso.
Atrás quedaron las intenciones de los representantes que, asumiéndose de izquierda, prometieron legislar sobre el aborto y el matrimonio igualitario.
Esta legislatura, además, pasará a la historia como la que pudo reducir a 40 la jornada semanal de 48 horas, la aspiración ciudadana que más expectativas generó en los últimos meses en torno al Congreso.
NADIE LOGRA NADA
Menores son las posibilidades de la oposición de concretar las iniciativas que buscaban castigar la intromisión del narco en la vida electoral y asignar más recursos a los fondos para la seguridad municipal.
Porque si bien la coalición legislativa de Morena, PT y PVEM parece resignarse a postergar el plan C para la siguiente legislatura que surja del 2 de junio, el gobierno cambió de prioridades para este cierre sexenal parlamentario.
Ahora, la diputación del partido gobernante y el presidente Andrés Manuel López Obrador concentrarán sus baterías en modificar cinco leyes secundarias para crear el denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, una propuesta presentada apenas el miércoles anterior.
Consecuentemente, regresará a San Lázaro la discusión en torno a si esa reforma debe someterse a una amplia consulta —mediante el parlamento abierto— y si contraviene derechos establecidos en la Constitución, dos críticas constantes de la oposición hacia el proceder y las propuestas de Morena en la Cámara de Diputados durante esta legislatura iniciada el 1 de septiembre 2021 y que habrá de concluir sus sesiones ordinarias el próximo día 30.
Después, el pleno de San Lázaro sólo podría sesionar si existe un dictamen de reforma que amerite la realización de un periodo extraordinario, mismo que deberá ser aprobado por las dos terceras partes de diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente, sede del Congreso de la Unión cuando las Cámaras están en receso.
De cualquier manera, en esta recta final, la 65 se confirmará como la legislatura que le puso freno a la mayoría calificada que hubo en la primera parte del sexenio.
SIEMPRE HAY UN PLAN B
Porque a diferencia de la pasada 64 legislatura, ahora los votos del PAN, PRI, PRD o MC fueron indispensables para las modificaciones constitucionales que requieren de la llamada mayoría calificada.
La coalición afín al gobierno cuenta con 276 diputados. Esto significa que le faltan 58 votos del resto de las bancadas para conseguir las dos terceras partes del respaldo.
Aunque la coalición de Morena con Partido del Trabajo y PVEM redujo sus márgenes para sacar adelante reformas a la Constitución, el Presidente de la República no desistió en seguir siendo el principal proponente de esos cambios parlamentarios.
Y ante el rechazo reiterado de la oposición a las iniciativas del ejecutivo federal, el gobierno optó siempre por “un plan B”, consistente en insistir en algunos propósitos de las reformas constitucionales mediante leyes secundarias, cuya aprobación sólo requieren de una mayoría simple, es decir, del 50 por ciento más 1 de los diputados.
Sin embargo, al ser contrarias a la Constitución, esas reformas legales fueron motivo de controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
PLAN C POSTERGADO
Pese a tales tropiezos, en el último año de su sexenio, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados el denominado plan C, en el que 18 de las 20 propuestas son reformas a la Constitución.
Esas 18 iniciativas buscan cambiar 51 artículos —las otras dos son ordinarias—, sin que hasta ahora exista un consenso en firme en torno a alguna de ellas.
De manera que cuando sólo le restan siete sesiones a este periodo, la presión de la agenda presidencial se enfoca en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, diluyendo las iniciativas del plan C, pero también los pendientes legislativos de los diputados y sus propias propuestas.
De persistir esta dinámica, las últimas horas del pleno del Palacio de San Lázaro confirmarán la etiqueta de “oficialía partes” que la oposición le atribuyó a la Cámara de Diputados en el actual sexenio.
Y, a juzgar por las expectativas compartidas por los diputados Hamlet Almaguer García (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Francisco Huacus Esquivel (PRD) y Braulio López Ochoa Mijares (Movimiento Ciudadano), también quedarán pendientes las tres reformas que, en el inicio de su sexenio, el presidente López Obrador se propuso concretar y que son parte del plan C: una reforma política para sustituir al INE y achicar al Congreso; la derogación total de la reforma energética de 2014, y el cambio de mando actualmente civil de la Guardia Nacional por uno militar.
Adicionalmente, quedará para un futuro la intención presidencial de renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo en la Constitución que sus ministros serían electos mediante el voto popular.
