La pandemia de covid-19 ha desbordado las llamadas telefónicas de extorsión en el país, al llegar de enero de 2020 a febrero 2021 a 34 mil 410 reportes dados a conocer por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que ha registrado 172 mil números telefónicos.
En este período, se registraron 34 mil 410 reportes por extorsión; 26 mil 149 fueron por fraude. Y se registraron 172 mil números telefónicos utilizados para este delito.
Por su parte, las estadísticas del Centro de Integración Ciudadana señalan que del primero de enero al 23 de febrero de 2021, el crimen organizado generó en extorsiones telefónicas 9 millones 143 mil 351 pesos a través de 32 mil 714 números telefónicos.
A nivel nacional se, a través del portal Libres de Extorsión del Centro de Integración Ciudadana, que tan sólo en enero del presente año se pagaron 7 millones 335 mil 929 pesos; mientras que en febrero (1 al 23), se pagaron 1 millón 807 mil 422 pesos, sumando en dos meses 9 millones 143 mil 351 pesos.
Las llamadas más comunes son amenazas, supuestos integrantes del crimen organizado, secuestro virtual, sextorsión y la más reciente accidentes automovilísticos donde una persona pierde la vida.
En esta nueva modalidad de extorsión se hacen dos llamadas. La primera por el supuesto licenciado Carlos Lara, que informa de lo sucedido a través del celular 5624 616116.
La segunda por un supuesto agente de seguros que se hace llamar Ricardo Cantú Gómez, supuesto agente de seguros Inbursa con números de celulares 33 2762 7682 / 446 142 5732 quién contacta a la víctima, le hace saber que su familiar atropelló a una persona que perdió la vida.
Para evitar que lo ingresen al reclusorio por el delito de homicidio, le pide un depósito que oscila entre los 50 y 150 mil pesos para darlos al Ministerio Público y policías.
Los montos de las extorsiones son depositados a dos cuentas, la primera es de Banamex 4676311 a nombre de Jair Alejandro Gómez Arias.
La segunda es a una cuenta Bancomer número 1530 8909 84 a nombre de Guadalupe Garrido Armenta.
Los montos depositados van de los 5 a 10 mil pesos para evitar que sean rastreado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, estas cuentas bancarias tienen tres años de ser utilizadas, sin ser investigadas ante la falta de denuncia de las víctimas.
