Los trabajadores de la paraestatal brasileña Petrobras decidieron este jueves suspender temporalmente la huelga que iniciaron el pasado 1° de febrero contra despedidos en una planta y la venta de activos de la empresa.
Según informó a la AFP Paulo Neves, director de la Federación Única de Petroleros (FUP), que aglutina a diferentes sindicatos del sector, los huelguistas accedieron a participar de una audiencia de conciliación en el Tribunal Superior de Trabajo (TST).
En un comunicado, la FUP dijo que «los petroleros confirman su disposición a dialogar con Petrobras la mañana de este viernes en Brasilia, en una audiencia de mediación propuesta por el juez Ives Gandra», del TST.
El movimiento comenzó el 1º de febrero tras el anuncio de cierre de una fábrica de fertilizantes de la empresa ANSA, una subsidiaria de Petrobras en el estado de Paraná (sur), con el consiguiente despido de cerca de 400 empleados fijos y 600 tercerizados.
Según la FUP, 21.000 obreros (un tercio de la plantilla total) adhirieron a la huelga en 121 unidades de la firma, entre plataformas, refinerías, fábricas y sedes administrativas.
Y siguieron movilizados hasta este jueves, a pesar de que la justicia laboral suspendió provisoriamente las dimisiones en la planta de Paraná mientras seguían las negociaciones entre la empresa y el sindicato.
La FUP define la paralización como la mayor de la rama desde 1995, cuando pararon por 32 días.
El lunes, el mismo juez del TST que convocó la audencia de conciliación para este viernes por la tarde, determinó que la huelga es «ilegal» y tiene «motivación política». Y fijó una multa diaria de hasta 500 mil reales (alrededor de USD 115.000) para los sindicatos que no acaten su fallo.
Petrobras asegura que el movimiento no ha afectado la producción gracias al empleo de recursos humanos de contingencia, incluyendo la contratación de funcionarios tercerizados, y a los petroleros que no adhirieron a la paralización.
Además del incumplimiento del acuerdo colectivo en la fábrica de Paraná, los trabajadores también denuncian de forma general la política de venta de activos iniciada por la estatal en 2015 para recuperarse de la grave crisis que la golpeó a partir del megaescándalo de corrupción centro de la operación «Lava Jato» (Lavadero de autos) que salpicó también a numerosos políticos y empresarios y por la caída de los precios internacionales del crudo.