La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social que permitirá a los familiares de las víctimas de desaparición o desaparición forzada recibir la pensión del derechohabiente en tanto este no regrese y exista una carpeta de investigación iniciada ante el Ministerio Público por esta situación.
El diputado de Morena, Eleuterio Arrieta Sánchez, resaltó que se salda una deuda pendiente con las y los pensionados del IMSS y sus familias.
La desaparición forzada, abundó, constituye un grave problema que requiere de la mayor sensibilidad de las instituciones públicas.
No podemos dejar por más tiempo a los pensionados del Seguro Social y a sus familias sin una regulación adecuada que evite la incertidumbre y la vulnerabilidad
En suma, la adición establece que, si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán de ella, en los términos que dicta la sección referente a causa de muerte por seguro de invalidez y vida, bastara con comprobar el parentesco y la denuncia ante el Ministerio Público”, comentó.
Además, si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que hubiese sido entregado, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del IMSS respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.
La iniciativa fue presentada hace cuatro años y hoy con su aprobación se logró armonizar la Ley del Seguro Social con lo establecido en la Ley del ISSSTE a efecto de dar cumplimiento en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y en la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.
En materia de desaparición de personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en enero de 2019 se reportó tener un registro de 49 mil 180 personas desaparecidas.
Según datos de la agrupación Artículo 19, en México entre 2006 y 2017 se detectaron mil 600 fosas clandestinas en 24 entidades. Además, se exhumaron dos mil 489 cuerpos y 584 restos.
