La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 326 votos a favor y 127 en contra el dictamen que reforma y adiciona nueve artículos de la Constitución para que el Ejecutivo federal pueda someterse a una consulta de revocación de mandato.
Tras un largo debate de acusaciones y pronósticos electorales entre opositores y Morena con sus aliados, la Mesa Directiva turnó el dictamen al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para la reforma constitucional, Morena y sus aliados recibieron los votos de tres priistas coahuilenses: Rubén Moreira, Fernando de la Fuente y Martha Garay.
Contribuyó la ausencia de otros ocho legisladores de esa bancada, más el aval de los siete experredistas que encabeza Ricardo Gallardo.
En la discusión en lo particular en donde se registraron 41 reservas, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que hoy se reforma la Constitución para darle más poder al pueblo y profundizar, de manera irreversible, la democracia en el país.
Advirtió a la oposición que no se trata de una reforma para un presidente, es para cambiar para siempre el sistema político. «Nadie, nadie, ni siquiera el presidente de la República, es inamovible o intocable. Lo único fijo y soberano en democracia es la voluntad popular».
Delgado Carrillo aseveró que «se necesita mucha convicción y también mucho valor político para que un gobernante, que apenas rebasa los 100 días de mandato, comparta con su bancada el deseo de sujetarse dentro de más de 24 meses a la evaluación del pueblo, para ver si termina o no su gobierno».
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza consideró que hoy, Morena construye la antesala de la reelección, pues según él no se trata de un mecanismo democrático ni de participación ciudadana, esto no es revocación de mandato.
«Desde el Poder Legislativo no aceptamos la propuesta de Morena, donde las herramientas de democracia directa se transforman en acciones maniqueas que lastiman la fortaleza de nuestra democracia. Que sean los ciudadanos quienes determinen la revocación de mandato», subrayó.
En su turno, el panista Ricardo Villarreal García acusó que Morena pretende que el Ejecutivo federal haga campaña en 2021. «Que como presidente de la República utilice los recursos públicos y el poder del Estado y vaya en las boletas pidiendo el voto para él y para sus compañeros».
«Es decir, quieren que papá López Obrador los vuelva a cargar en el 21 como a muchos de ustedes los cargó en el 2018. Cuántos diputados locales, federales y hasta alcaldes, nunca soñaron si quiera en ser regidores de pueblo. Nunca fueron a las universidades. Es más, nunca fueron si quiera a sus distritos y en muchos casos ellos mismos fueron electos a través de tómbolas y de sorteos», reprochó.
El documento avalado en lo general y particular establece el procedimiento de revocación de mandato del presidente de la República, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Señala que no serán temas de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, ni las garantías para su protección; las bases y las tasas impositivas, los montos del financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Subraya que las consultas populares pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y no dos por ciento como actualmente se establece, asimismo disminuye de 40 a 25 por ciento el requisito de participación del total de la lista nominal.
La revocación del mandato del presidente de la República será convocada por el Congreso de la Unión a petición del Ejecutivo federal; el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
También, por ciudadanas y ciudadanos en un número equivalente, al menos, a tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de esa última hipótesis, la solicitud deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
Este proceso se solicitará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura; la votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que sólo se elijan diputados federales.
