La justicia mexicana liberó a otros 24 detenidos vinculados a la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero en septiembre de 2014.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de Gobernación, anunció el domingo las liberaciones que tuvieron lugar la víspera, en lo que calificó de la vieja práctica del «sabadazo» y en día de puente.
En conferencia de prensa en Ciudad de México, Encinas denunció que la liberación se dio tras una resolución por parte del juez de distrito en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, «del cual no encontramos fotografía alguna, ni registro alguno».
El subsecretario federal achacó al juez la libertad de los involucrados porque, por ejemplo, «habla de torturas pero no finca ninguna responsabilidad».
«Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad», dijo. «Y muestran la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país».
Con estas liberaciones, están en libertad 77 de los 142 sospechosos que fueron arrestados relacionados con uno de los casos de mayor impacto nacional e internacional de los últimos años.
Los padres de los estudiantes y abogados de las familias criticaron esta semana la lentitud de la fiscalía y su falta de colaboración para evitar nuevas excarcelaciones, todas producidas debido a los numerosos errores en la investigación, sus inconsistencias y las violaciones al debido proceso, incluidas torturas, que fueron evidenciadas tanto por la justicia mexicana como por investigadores de la ONU y la Organización de Estados Americanos.
La liberación más impactante fue la de Gildardo López Astudillo, «el Gil», a finales de agosto, principal sospechoso de la desaparición de los jóvenes, y quien obtuvo la primera sentencia absolutoria de un caso en el que nadie ha sido condenado todavía.
La desaparición en 2014
Los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 cuando fueron secuestrados por policías municipales que los entregaron a un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos, cuyo jefe en esa localidad era «El Gil».
Su paradero sigue siendo un misterio porque aunque la versión oficial, sostenida por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, asegura que fueron quemados en un basurero y sus restos echados a un río cercano, expertos internacionales aseguraron que no había pruebas que sostuvieran esta tesis y sí muchas evidencias de que autoridades de todos los niveles de gobierno obstruyeron a la justicia.
Los padres de los desaparecidos pidieron esta semana al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se inicien procesos penales contra los funcionarios involucrados, se agilice la colaboración de la fiscalía con la Comisión de la Verdad que inició sus trabajos en enero, y que se ordene al ejército que conteste las más de 100 preguntas que los abogados les han hecho y que, cinco años después de los hechos, siguen sin respuesta.
Padres de normalistas acusan a la Sedena y la FGR de volver lento el caso
La fiscalía federal emitió un comunicado el sábado por la noche en la que se decía dispuesta a presentar «todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones» pero no anunciaron la apertura de nuevos procesos.
Desde finales de 2015 la justicia mexicana comenzó a amparar a vinculados al caso por los vicios de la investigación y la falta de pruebas contundentes para sostener los cargos.
