Uno de los argumentos del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo para rechazar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue ecologista, por los daños “irreversibles al medio ambiente” que traería su construcción.
Esos son los mismos argumentos y advertencias que ahora se desoyen para considerar la construcción del Tren Maya, que hoy y mañana será sometido a consulta pública junto con otros nueve proyectos y programas sociales.
El criterio ecologista para la construcción del Tren Maya no ha sido una razón de peso para el próximo Presidente, a pesar de que un grupo de más de 150 científicos, escritores y especialistas le pidieron que no hiciera la consulta y desista en su proyecto, pues pone en riesgo la biodiversidad de la selva.
Al mismo tiempo, los expertos le ofrecieron su apoyo para que se haga un proyecto con el menor impacto ecológico: “Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza”, señalaron.
Entre los firmantes destacan Patricia Ornelas, del Instituto de Biología UNAM, y Alfredo López Austin, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma universidad, organizaciones de Derechos Humanos y Greenpeace.
En el tema económico, los costos proyectados de las dos obras son similares. Para el NAICM se contempló un gasto de 185 mil millones de pesos, mientras que para el Tren Maya la inversión, sin estudios, sería de 150 mil millones de pesos.
También proponen el mismo tipo de inversión mixta con recursos públicos y privados, un esquema que López Obrador, en el caso del NAICM, criticó porque supuestamente propiciaba la corrupción.
Gran parte de los recursos públicos para el Tren Maya saldrán del impuesto turístico (que suman cerca de ocho mil millones de pesos y actualmente se utilizan para la promoción del país), y para el aeropuerto se iba a utilizar la Tarifa de Uso Aeroportuario para ayudar a financiar la obra.
En el caso del NAICM se vendieron bonos para asegurar recursos para la construcción, mientras que para el Tren Maya se propone convertir en socios a los propietarios de las tierras en donde se tendría que adquirir el derecho de vía.
Finalmente, cuando llegó la consulta para el aeropuerto capitalino se contaba con los estudios necesarios, aunque no con la profundidad requerida, mientras que para el Tren Maya no se han realizado estudios que lo respalden y que exige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Comunidades indigenas rechazan las obras
En un documento firmado por distintos grupos de representación indígena de la Península de Yucatán se asegura que “no es permisible que nadie pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones”. Considera que “todo se ha llevado a sus espaldas”.
Por falta de estudios, podrían crecer costos
Uno de los grandes proyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador será el llamado “Tren Maya”, que entre hoy y mañana será puesto a consulta. Y más allá de los misterios que encierran la selva y la cultura Maya, esta propuesta tiene sus propias incógnitas, pues hasta ahora no se han publicado estudios que respalden su viabilidad, costos o derrama económica.
El economista y consultor de evaluación social de proyectos del ITAM, Efraín Gala, explicó que debido a que no se cuenta con los estudios necesarios para realizar la obra, su costo se dispararía una vez que ésta inicie.
“El NAICM, planteado por (Enrique) Peña Nieto, tampoco tenía los estudios requeridos para realizarlo; es decir, no a la profundidad que se requería. Por eso se saltó en la inversión hasta 260 mil millones… y va a pasar lo mismo con esta obra”.
Agregó que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se debe realizar un estudio de evaluación socioeconómica que a su vez necesita cinco estudios adicionales: “El técnico, el de mercado, el legal, administrativo, el de impacto ambiental y el estudio financiero; con esos se hace lo que llamamos flujo de costos y beneficios sociales, para determinar si le conviene o no al país”.
Según su experiencia, los estudios para tomar una buena decisión de inversión demoran al menos un año, “pero son muy costosos al nivel que se requiere”. Además, aseguró que los 150 mil millones de pesos proyectados para la obra están “subestimados”.
Según lo que plantea la ley, el Presidente electo estaría incumpliendo con lo que se pide antes de hacer cualquier obra de infraestructura en caso de iniciarla el 16 de diciembre, como él mismo lo anunció.
“Es como querer hacer una casa y se empieza a construir sobre un terreno que aún no compra. Lo que debemos hacer es no pedirle nada al Presidente, sino exigirle que cumpla la ley. Antes de iniciar la obra, de licitarla, tienen que estar hechos los estudios. Una consulta no sirve para nada, porque las personas que van y votan no saben los beneficios y los costos del tema”.
